El pasado día 28 de febrero de 2013, Izquierda
Unida, Ecologistas en Acción, la Asociación Libre de Abogados, la
asociación Justicia y Sociedad y la Federación Los Verdes presentaron
una querella ante la Audiencia Nacional contra distintos miembros del Partido
Popular y ocho empresarios de la construcción, entre otros, por la posible
comisión de graves delitos que se habrían cometido durante años, delitos
relacionados con las presuntas entregas de dinero por empresas constructoras al
Partido Popular, a varios ministros y varios dirigentes, todos del anterior
partido, con el fin de obtener contratos millonarios por parte del Estado para
la realización de distintas obras públicas.
A juicio de los querellantes, esta actuación, de
confirmarse, dejaría al descubierto una íntima relación de intereses entre
diversas empresas constructoras y el Partido Popular, fuerza política que,
durante numerosos años ha tutelado la Administración Central del Estado y buena
parte de las administraciones territoriales de este país. Esta coalición de
intereses podría haber tenido una importancia capital en el devenir pasado,
presente y futuro del desarrollo económico de nuestro país, en el impulso
descontrolado de un modelo de crecimiento y creación de empleo basado casi en
exclusiva en las grandes obras y en la construcción, modelo que fácilmente
puede considerarse que ha respondido más a los intereses de los adjudicatarios
de obras y planeamientos urbanísticos que a los verdaderos intereses de la
ciudadanía.
Todo ello debe ponerse en relación con el fatal
desenlace que dicho modelo de desarrollo ha tenido en la economía nacional, ya
que el hundimiento de la economía ligada al ladrillo y a la obra en general ha
llevado a este país al estallido de la burbuja financiera, el endeudamiento
imparable del Estado, los rescates mil millonarios al sector financiero
privado, y en consecuencia de lo anterior, a unos niveles de paro
insoportables, con más del 26% de la población en situación de desempleo, miles
de familias desahuciadas de sus viviendas, a un despedazamiento de los
servicios públicos básicos ofrecidos a los ciudadanos y a la mutilación de los
derechos sociales.
Lo anterior ha venido derivado de las exigencias de
las instituciones gubernamentales españolas y europeas, y de los mercados
financieros, para que la economía nacional asuma la deuda que el modelo de
desarrollo ligado a la construcción y la creación de infraestructuras de dudoso
interés general ha generado, modelo en el que las deudas privadas finales son
asumidas por la economía nacional, mientras que los beneficios fueron recogidos
en exclusiva por las grandes empresas constructoras y los directivos que las
dirigían.
Así, debe apuntarse que España es el país europeo con
más kilómetros de autovías y autopistas, muchas de ellas de peaje que han
precisado del rescate con dinero público para evitar su quiebra, con más
kilómetros de alta velocidad y con más aeropuertos sin servicio, siendo el país
que más fondos ha dedicado a grandes obras en porcentaje del Producto Interior
Bruto (PIB), en contraste con los escasos fondos dedicados a atención social. Y
eso a pesar de las continuas denuncias que desde los movimientos ciudadanos y
ecologistas se han venido realizando durante años, evidenciando la inversión
insostenible en infraestructuras multimillonarias, que ha quedado cristalizada
en estaciones ferroviarias fantasma, aeropuertos vacíos, edificios públicos
inutilizados….
Mientras se justificaban esas grandes obras en aras
del desarrollo económico general, muchas organizaciones y particulares venían
apuntando al posible lucro ilícito de unos pocos, sospechas que tras la
revelación de los documentos manuscritos contables atribuidos al ahora
querellado Luis Bárcenas han pasado a ser clarividentes demostraciones de la
arbitrariedad –probablemente criminal– que desde el poder público se ha venido
aplicando a la hora de impulsar un modelo de desarrollo del que parece que al
final solo se han beneficiado los directamente interesados en la ejecución de
las obras y planeamientos y aquellos que han cobrado de los anteriores.
El mismo día 28 de febrero, tras la presentación de la
querella mencionada ante la Audiencia Nacional, el Partido Popular –que sigue
sin querellarse contra Luis Bárcenas– hizo público un comunicado en el que
amenazaba a las organizaciones políticas y sociales querellantes con
interponerles una querella por los delitos de calumnias e injurias.
Los abajo firmantes, personas físicas, colectivos
sociales, asociaciones, organizaciones políticas y sindicales, mostramos
nuestra voluntad de ADHERIRNOS A LA QUERELLA PRESENTADA EL DÍA 28 DE FEBRERO
DE 2013 ANTE LA AUDIENCIA NACIONAL CONTRA DIRIGENTES DEL PARTIDO POPULAR Y
EMPRESARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN, haciendo nuestro íntegramente todo lo dicho
en ella y manifestando que somos igualmente responsables del contenido íntegro
de la querella.
Para adherirte a la querella contra Bárcenas pincha aquí
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