El gobierno de Argentina, presidido por Cristina Fernández de
Kirchner, ha confirmado los rumores de los últimos días y ha anunciado
la nacionalización de la empresa YPF, filial de la multinacional REPSOL.
En este post recopilamos la información más relevante que hemos
publicado estos días sobre esta cuestión.
En primer lugar conviene hacer algunas aclaraciones acerca de la
propia medida, pues de momento las informaciones son imprecisas. Se
habla tanto de “expropiación” como de “nacionalización” y de “compra”,
sin precisar mucho más. Las definiciones son importantes y deben
acompañar a los conceptos, pero hasta el momento la información
disponible nos indica que se trata, efectivamente, de una
nacionalización –por lo tanto pagada, pero sin precio asignado hasta el
momento- por parte del gobierno argentino. No se trata de una decisión
voluntaria por parte de las dos partes, sino de una decisión unilateral
que, no obstante, asigna un precio a la entidad por adquirir[1].
En segundo lugar, YPF es una entidad que no es propiedad al cien por
cien de la multinacional Repsol. En realidad Repsol controla en torno al
57% de YPF, lo que la convierte en el socio mayoritario y el que tiene
poder de control y gestión, pero no es el beneficiario pleno de la
actividad de YPF. El resto de la empresa es propiedad de capital privado
argentino y de capital flotante (propiedad de capital argentino y
extranjero).
En tercer lugar, la historia es importante. YPF fue fundada en 1922
por el Estado argentino y fue de titularidad pública hasta 1992, cuando
comenzó el proceso de privatización auspiciado por los organismos
internacionales –especialmente el Fondo Monetario Internacional- en el
marco de los llamados planes de ajuste. La empresa terminó de
privatizarse en 1999 cuando Repsol –otra empresa que fue en otro tiempo
pública, en este caso española- se hizo con la mayoría de las acciones
de YPF.
Durante la etapa de la “sustitución de importaciones” -a partir años
treinta- YPF jugó un rol fundamental en la reestructuración de la
economía argentina. La influencia de los autores dependentistas y
neomarxistas llevó a Argentina a una estructura económica que la situó
entre los países más avanzados del mundo en la época de posguerra,
atrayendo a gran parte de los refugiados por la II Guerra Mundial. Su
modelo de exportación de materias primas fue progresivamente sustituido
por uno en el que la industria jugaba un rol crucial, proporcionando un
modelo de crecimiento más sólido que permitió unas condiciones laborales
estables y un incipiente sistema de protección social.
Tras la dictadura militar y la crisis estructural de los años setenta
y ochenta, el gobierno argentino de Carlos Menem fue el responsable de
la privatización, si bien fueron las políticas del Consenso de
Washington las que inspiraron dicho proceso. Junto a esa privatización
se dieron reformas estructurales que llevaron a la privatización de los
planes de pensiones, reformas en el mercado de trabajo que precarizaron
las condiciones laborales y otras reformas que llevaron a la gravísima
crisis de 2000. Sólo después de que Argentina se rebelara contra el FMI y
sus planes de ajuste, incluso acometiendo una quita de la deuda –no
pagar parte de la deuda externa-, pudo el país volver a remontar aquella
situación.
En cuarto lugar, Repsol no es técnicamente una empresa española, y en
absoluto es propiedad de todos los españoles. Más del 50% de la
multinacional es propiedad del capital extranjero (el 42% pertenece a
fondos de inversión extranjeros –gestionados habitualmente por grandes
bancos- y el 9’5% pertenece a la empresa mexicana PEMEX). El resto de la
empresa es propiedad del grupo de capital privado español Sacyr (10%),
de una entidad financiera española como Caixabank (12’83%) y de más
capital privado español.
En quinto lugar, Repsol proporciona beneficios a la economía española
que podrían considerarse nimios. Repsol declara en España el 25% de sus
beneficios totales por todo el mundo, y en 2010 pagó impuestos aquí por
valor de 949 millones de euros a un tipo impositivo efectivo del 26’8%.
Ello quiere decir que ni siquiera paga el 30% que corresponde como tipo
nominal por tributar en España. Repsol paga otro tipo de impuestos en
los países donde opera, como Argentina o Libia, pero también tiene
operaciones en paraísos fiscales. Y su operativa financiera muy
probablemente no se contabilice en España.
En sexto lugar, el crecimiento y desarrollo de Repsol –que debe mucho
a la privatización argentina de YPF- no es igual de beneficioso para
todas las partes que conforman la multinacional. Mientras los beneficios
contables han crecido un 11’97% entre 1998 y 2007, el salario medio de
sus empleados sólo ha crecido un 1’71%. Eso quiere decir que los mayores
beneficiados han sido los accionistas privados –fundamentalmente
grandes empresas extranjeras y otras españolas- y no sus trabajadores.
En séptimo lugar, Repsol-YPF en tanto que empresa privada sólo
persigue maximizar el beneficio en el corto plazo –para sus accionistas,
además-, de modo que su estrategia empresarial no tiene por qué
alinearse necesariamente con la estrategia de desarrollo de la economía
argentina. Esta es precisamente una de las razones que aduce el gobierno
argentino, que desea recuperar la empresa para poder usarla como
instrumento efectivo de desarrollo.
En definitiva, hablamos de un fenómeno económico que debe analizarse
desde un enfoque adecuado. No están enfrentados los intereses de dos
naciones distintas, sino los intereses nacionales de Argentina y los
intereses económicos de sujetos privados de distintas nacionalidades –y
entre ellas, en menor grado, españoles-. Por lo tanto, es una falacia
considerar esta medida económica como un ataque a España. Es
una compra legal, que en todo caso podría estar minusvalorada –ya
veremos-, y que afecta a los intereses de unos sujetos económicos
–grandes empresas y bancos- que no comparten beneficios con el resto de
la sociedad.
Esta no es la guerra de los trabajadores españoles. En todo caso
queda pendiente ver si la gestión de YPF, a partir de ahora en poder del
Estado argentino, será beneficiosa para los trabajadores argentinos o
si, por el contrario, será YPF un instrumento al servicio de las
oligarquías argentinas. No obstante, no es ese el tema que ahora nos
ocupa.
Es una vergüenza que el gobierno español salga en defensa de los
intereses de las grandes empresas españolas que poseen un capital
minoritario de Repsol, en perjuicio de los intereses nacionales de un
país soberano como Argentina. Más aún cuando mientras eso ocurre el
gobierno está efectuando políticas de recortes que hacen recaer el peso
de la crisis sobre la población española más desfavorecida.
Para el gobierno del PP el grado de atención y ayuda prestada depende
del tamaño del bolsillo. Lo que debería hacer el PP, en vez de proteger
los intereses de los más ricos, es replantearse su política económica y
reflexionar acerca de si no es mejor opción de política económica
imitar a Argentina y proceder a la recuperación de determinados
instrumentos políticos. Instrumentos que deberían ponerse al servicio de
los españoles en su conjunto, y no de unos pocos adinerados con
capacidad para especular en distintos mercados financieros –entre ellos
el de acciones.
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| Diputado por la provincia de Málaga de IU en el Congreso |
[1] La
ventaja más obvia que conlleva la nacionalización de una empresa
rentable es que más allá del coste de adquisición los beneficios de su
actividad pasan a engordar las finanzas públicas. Se trata de una
socialización de las ganancias, en oposición con las socializaciones de
las pérdidas a las que nos tienen acostumbrados los gobiernos europeos y
estadounidenses con respecto a las entidades financieras en tiempos de
crisis.
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