Izquierda Unida exige la intervención y nacionalización de Bankia

Declaración de la Comisión Ejecutiva Federal de IU sobre la situación del sistema financiero español

- Izquierda Unida pide al Gobierno negociar un Plan negociado para la reestructuración del sistema financiero español que prescinda de cualquier ayuda pública

- Izquierda Unida exige la intervención y nacionalización de Bankia

- Pide la comparecencia en el Congreso del gobernador del Banco de España y del ministro de Economía

   La Comisión Ejecutiva Federal de IU ha analizado durante su reunión del día 7 de mayo la situación en el sistema financiero español.

   La Ejecutiva de IU considera que es inadmisible dedicar un solo euro público más a ayudar a las entidades financieras españolas, máxime cuando se ha recortado por importe de 10.000 millones de euros el gasto público en Sanidad y Educación.

   Los bancos y cajas de ahorros han recibido hasta finales de 2011 ayudas públicas por importe de 115.046 millones de euros, desde ayudas directas con cargo al FROB hasta avales. A principios de 2012 el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó una nueva línea de avales por importe de 100.000 millones de euros y en los meses transcurridos de 2012 el BCE ha concedido a los bancos españoles créditos a tres años con un interés del 1% y un importe superior a los 300.000 millones de euros.

   Si solamente una parte de esos recursos se hubieran destinado a crear empleo y apoyar las pequeñas empresas hoy no existirían graves problemas de desempleo y de deuda en nuestro país.
   Todas las medidas adoptadas hasta ahora por los gobiernos del PSOE y del PP con la excusa de “tomar medidas frente a la crisis” han ido destinadas a mejorar de forma directa o indirecta el balance de los bancos. Han fracasado como medidas anticrisis y no han servido para mejorar la situación financiera.

   La Ejecutiva de Izquierda Unida exige que el Gobierno, a través de su presidente, presente en el Congreso de los Diputados un Plan de Reforma del Sistema Financiero claro y trasparente, y que lo discuta con el conjunto de las fuerzas parlamentarias. Este Plan debe partir de la reducción de activos en los casos en los que así sea necesario y de la exigencia de un programa concreto, con objetivos inmediatos, de créditos para las empresas y las familias, y debe excluir como norma general cualquier nueva utilización de fondos públicos.
 

EL CASO BANKIA

   En concreto, y ante la preocupante situación que afecta al Grupo BFA-Bankia, la Ejecutiva Federal de IU exige del Gobierno:

1.- Que proceda a la intervención inmediata de Bankia y a su nacionalización.

2.-Que en función de la garantía que produce esta intervención haga una declaración pública al más alto nivel, tranquilizando a quienes tienen sus ahorros en Bankia.

3.- Que entre los objetivos de la nacionalización esté la conservación de la Obra Social de las siete Cajas que configuran el capital social de Bankia y de los puestos de trabajo de todas las entidades.

4.- Que la decisión de nacionalización se considere como una opción a largo plazo que permita construir un polo de Banca Pública al que deben incorporarse el resto de las Cajas de Ahorro, comenzando por aquéllas que están ya intervenidas de hecho o cuentan con ayudas de capital público.

5.- La Ejecutiva Federal de IU va a trasladar a su Grupo Parlamentario la propuesta de que solicite la comparecencia del ministro de Economía y Competitividad y del gobernador del Banco de España para que expliquen el proceso que ha llevado a esta situación, incluida la explicación sobre las responsabilidades de todo orden que puedan derivarse.

6.- Así mismo, la Ejecutiva Federal de IU considera inaceptable el nombramiento del Sr. Goirigolzarri a partir de una propuesta formal del Sr. Rato y actuará en consecuencia.

   En el caso de Bankia, ya se han utilizado todos los recursos contenidos en las reformas financieras aprobadas tanto por el Gobierno del PSOE como por el del PP, y el resultado ha sido un fracaso.

   Bankia ha separado activos dudosos en el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), a partir del 5 de abril del 2011; el 15 de julio de 2011 superó las llamadas pruebas de resistencia y el 30 de abril constituye una sociedad para gestionar los activos inmobiliarios del Grupo.

   Bankia ha recibido importantes ayudas públicas. El 4 de mayo, el grupo BFA reconoce una exposición en activos inmobiliarios de 37.517 millones de euros. De ellos, más del 50% son activos con nulas o escasas garantía de recobro.

   Ahora, Mariano Rajoy anuncia una nueva reforma financiera a aprobar en el Consejo de Ministros del próximo viernes. Mucho nos tememos que si no se tienen en cuenta las necesidades de crédito de las empresas y no se acompaña de una negociación política con el conjunto de las fuerzas parlamentarias, el resultado será, de nuevo, negativo.

   Izquierda Unida considera que la nacionalización de Bankia podría así mismo contribuir a la creación con sus activos de un parque de viviendas en alquiler moderado, que sería una interesante salida desde el punto de vista económico a viviendas de difícil venta en los momentos actuales y una propuesta justa para atender las necesidades de vivienda actuales.

   Asímismo, la Ejecutiva de Izquierda Unida considera necesario acompañar nuestras propuestas de acciones e iniciativas de movilización que permitan situar el problema de Bankia y de la necesidad de una Banca Pública en el contexto de la actual lucha social.

Alberto Garzón nos ilustra sobre el caso Repsol-YPF

   El gobierno de Argentina, presidido por Cristina Fernández de Kirchner, ha confirmado los rumores de los últimos días y ha anunciado la nacionalización de la empresa YPF, filial de la multinacional REPSOL. En este post recopilamos la información más relevante que hemos publicado estos días sobre esta cuestión.

    En primer lugar conviene hacer algunas aclaraciones acerca de la propia medida, pues de momento las informaciones son imprecisas. Se habla tanto de “expropiación” como de  “nacionalización” y de “compra”, sin precisar mucho más. Las definiciones son importantes y deben acompañar a los conceptos, pero hasta el momento la información disponible nos indica que se trata, efectivamente, de una nacionalización –por lo tanto pagada, pero sin precio asignado hasta el momento- por parte del gobierno argentino. No se trata de una decisión voluntaria por parte de las dos partes, sino de una decisión unilateral que, no obstante, asigna un precio a la entidad por adquirir[1].

   En segundo lugar, YPF es una entidad que no es propiedad al cien por cien de la multinacional Repsol. En realidad Repsol controla en torno al 57% de YPF, lo que la convierte en el socio mayoritario y el que tiene poder de control y gestión, pero no es el beneficiario pleno de la actividad de YPF. El resto de la empresa es propiedad de capital privado argentino y de capital flotante (propiedad de capital argentino y extranjero).

   En tercer lugar, la historia es importante. YPF fue fundada en 1922 por el Estado argentino y fue de titularidad pública hasta 1992, cuando comenzó el proceso de privatización auspiciado por los organismos internacionales –especialmente el Fondo Monetario Internacional- en el marco de los llamados planes de ajuste. La empresa terminó de privatizarse en 1999 cuando Repsol –otra empresa que fue en otro tiempo pública, en este caso española- se hizo con la mayoría de las acciones de YPF.

   Durante la etapa de la “sustitución de importaciones” -a partir años treinta- YPF jugó un rol fundamental en la reestructuración de la economía argentina. La influencia de los autores dependentistas y neomarxistas llevó a Argentina a una estructura económica que la situó entre los países más avanzados del mundo en la época de posguerra, atrayendo a gran parte de los refugiados por la II Guerra Mundial. Su modelo de exportación de materias primas fue progresivamente sustituido por uno en el que la industria jugaba un rol crucial, proporcionando un modelo de crecimiento más sólido que permitió unas condiciones laborales estables y un incipiente sistema de protección social.

   Tras la dictadura militar y la crisis estructural de los años setenta y ochenta, el gobierno argentino de Carlos Menem fue el responsable de la privatización, si bien fueron las políticas del Consenso de Washington las que inspiraron dicho proceso. Junto a esa privatización se dieron reformas estructurales que llevaron a la privatización de los planes de pensiones, reformas en el mercado de trabajo que precarizaron las condiciones laborales y otras reformas que llevaron a la gravísima crisis de 2000. Sólo después de que Argentina se rebelara contra el FMI y sus planes de ajuste, incluso acometiendo una quita de la deuda –no pagar parte de la deuda externa-, pudo el país volver a remontar aquella situación.

   En cuarto lugar, Repsol no es técnicamente una empresa española, y en absoluto es propiedad de todos los españoles. Más del 50% de la multinacional es propiedad del capital extranjero (el 42% pertenece a fondos de inversión extranjeros –gestionados habitualmente por grandes bancos- y el 9’5% pertenece a la empresa mexicana PEMEX). El resto de la empresa es propiedad del grupo de capital privado español Sacyr (10%), de una entidad financiera española como Caixabank (12’83%) y de más capital privado español.

   En quinto lugar, Repsol proporciona beneficios a la economía española que podrían considerarse nimios. Repsol declara en España el 25% de sus beneficios totales por todo el mundo, y en 2010 pagó impuestos aquí por valor de 949 millones de euros a un tipo impositivo efectivo del 26’8%. Ello quiere decir que ni siquiera paga el 30% que corresponde como tipo nominal por tributar en España. Repsol paga otro tipo de impuestos en los países donde opera, como Argentina o Libia, pero también tiene operaciones en paraísos fiscales. Y su operativa financiera muy probablemente no se contabilice en España.

   En sexto lugar, el crecimiento y desarrollo de Repsol –que debe mucho a la privatización argentina de YPF- no es igual de beneficioso para todas las partes que conforman la multinacional. Mientras los beneficios contables han crecido un 11’97% entre 1998 y 2007, el salario medio de sus empleados sólo ha crecido un 1’71%. Eso quiere decir que los mayores beneficiados han sido los accionistas privados –fundamentalmente grandes empresas extranjeras y otras españolas- y no sus trabajadores.

   En séptimo lugar, Repsol-YPF en tanto que empresa privada sólo persigue maximizar el beneficio en el corto plazo –para sus accionistas, además-, de modo que su estrategia empresarial no tiene por qué alinearse necesariamente con la estrategia de desarrollo de la economía argentina. Esta es precisamente una de las razones que aduce el gobierno argentino, que desea recuperar la empresa para poder usarla como instrumento efectivo de desarrollo.

   En definitiva, hablamos de un fenómeno económico que debe analizarse desde un enfoque adecuado. No están enfrentados los intereses de dos naciones distintas, sino los intereses nacionales de Argentina y los intereses económicos de sujetos privados de distintas nacionalidades –y entre ellas, en menor grado, españoles-. Por lo tanto, es una falacia considerar esta medida económica como un ataque a España. Es una compra legal, que en todo caso podría estar minusvalorada –ya veremos-, y que afecta a los intereses de unos sujetos económicos –grandes empresas y bancos- que no comparten beneficios con el resto de la sociedad.

   Esta no es la guerra de los trabajadores españoles. En todo caso queda pendiente ver si la gestión de YPF, a partir de ahora en poder del Estado argentino, será beneficiosa para los trabajadores argentinos o si, por el contrario, será YPF un instrumento al servicio de las oligarquías argentinas. No obstante, no es ese el tema que ahora nos ocupa.

   Es una vergüenza que el gobierno español salga en defensa de los intereses de las grandes empresas españolas que poseen un capital minoritario de Repsol, en perjuicio de los intereses nacionales de un país soberano como Argentina. Más aún cuando mientras eso ocurre el gobierno está efectuando políticas de recortes que hacen recaer el peso de la crisis sobre la población española más desfavorecida.

   Para el gobierno del PP el grado de atención y ayuda prestada depende del tamaño del bolsillo. Lo que debería hacer el PP, en vez de proteger los intereses de los más ricos, es replantearse su política económica y reflexionar acerca de si no es mejor opción de política económica imitar a Argentina y proceder a la recuperación de determinados instrumentos políticos. Instrumentos que deberían ponerse al servicio de los españoles en su conjunto, y no de unos pocos adinerados con capacidad para especular en distintos mercados financieros –entre ellos el de acciones.

Diputado por la provincia de Málaga de IU en el Congreso

[1] La ventaja más obvia que conlleva la nacionalización de una empresa rentable es que más allá del coste de adquisición los beneficios de su actividad pasan a engordar las finanzas públicas. Se trata de una socialización de las ganancias, en oposición con las socializaciones de las pérdidas a las que nos tienen acostumbrados los gobiernos europeos y estadounidenses con respecto a las entidades financieras en tiempos de crisis.