A continuación os dejamos un artículo de Alberto Garzón, nuestro diputado por Málaga en el Congreso de los Diputados, sobre el SAT (tan en boca de todos últimamente).
Un símbolo de dignidad
El
martes un grupo de trabajadores del Sindicato Andaluz de Trabajadores
(SAT) entró de forma organizada en dos grandes superficies y se llevó
sin pagar un importante número de productos de primera necesidad, con
objeto de repartirlos entre los más necesitados. Como consecuencia, el
ministerio del Interior ha ordenado ya la detención de los responsables.
Varios días después podemos confirmar, a mi juicio, que la acción del
SAT ha sido un completo éxito.
Comencemos
por el contexto social. Según UNICEF en España un 17’1% de los niños
están bajo el umbral de la pobreza, mientras que Acción contra el Hambre
denuncia que un 25% están desnutridos. Al mismo tiempo 2 millones de
españoles se beneficiarán de las ayudas que la Comisión Europea ha
enviado este año –con un total de 67 millones de kilos de comida- para
combatir el hambre en nuestro país. A nadie se le escapa que las
organizaciones solidarias han visto dispararse sus necesidades para
poder atender con eficacia a una población crecientemente empobrecida.
A
pesar de lo apuntado arriba es obvio también que en nuestro país no
falta comida, ni tierras fértiles ni medios técnicos con los que paliar
el hambre. Lo que sí falta es voluntad política que se atreva a
enfrentar las desigualdades de riqueza y renta. Y lo que sobre todo
falta es que se cumpla la constitución española y su artículo 128.1, el
cual declara que “toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”. Y
la acción del SAT ha logrado precisamente poner esto de relieve,
marcarlo en la agenda, y lo ha hecho siguiendo la máxima libertaria de
Emna Goldman, que instigaba a los trabajadores con la siguiente
proclama: “pedid trabajo, si no os lo dan, pedid pan, y si no os dan ni pan ni trabajo, coged el pan“.
Pero
la acción del SAT ha ido más allá de lo concreto, es decir, del reparto
de comida, y ha penetrado con fuerza en el mundo ideológico. Decía Guy
Debord que vivimos en la sociedad del espectáculo y nos recordaba,
citando a Feuerbach, que en nuestro tiempo “se prefiere la imagen a la
cosa, la copia al original, la representación a la realidad, la
apariencia al ser”. No hay duda sobre ello: en la sociedad del
espectáculo la imagen importa más que la sustancia y los símbolos se
convierten en el arma más valiosa para las causas políticas y las causas
empresariales. Y la acción del SAT no es una medida contra la crisis
–porque su generalización no resuelve los problemas de raíz- sino una
acción simbólica con un claro contenido político. Es sustancialmente
distinto.
Efectivamente
nadie, y los compañeros del SAT menos, tenían como intención que
aquella acción del martes se convirtiera en un elemento clave del
programa electoral. Lo del SAT ha sido una brillante táctica
comunicativa para poner sobre la agenda política un grave problema
social. Hablamos de un pensado golpe contra la ideología dominante, es
decir, contra la concepción del mundo que tiene la gente acerca de cómo
debe organizarse una sociedad. Esta acción ha servido para remover los
cimientos ideológicos de la mayoría de la gente. Por supuesto que no ha
convencido a muchos, quizá la mayoría, pero ha golpeado por primera vez y
con contundencia su sistema de ideas y el cual estaba hasta ahora muy
asentado y consolidado. Ha mermado sus defensas.
No
olvidemos que vivimos una crisis ideológica que se manifiesta en el
cambio de cómo la gente concibe e interpreta su realidad más cercana. La
concepción del mundo que había sido dominante hasta ahora se
resquebraja y todo está en duda. Se cuestiona que los políticos y
economistas sepan qué hacer, que las instituciones políticas sean útiles
para resolver los problemas, que las entidades financieras sean
fundamentales, que haya democracia, que las empresas privadas sean
superiores a las públicas, que la policía defienda al pueblo, y también
–y es lo que aquí nos ocupa- que la propiedad privada sea sagrada y esté
por encima de otros derechos como el de la vivienda o la alimentación.
Algunos
denunciarán que la acción del SAT es ilegal. Efectivamente, lo es. Pero
la cuestión no reside en saber en qué lado de la frontera jurídica cae,
sino en si es una acción legítima y digna o si por el contrario no lo
es. Y cuando sabemos que las necesidades humanas básicas pueden
satisfacerse técnicamente pero el único obstáculo para conseguirlo es el
propio marco institucional, diseñado en beneficio y garantía de la gran
empresa y las grandes fortunas, es cuando acciones como las del SAT
recobran toda su naturaleza revolucionaria y de justicia social. En ese
punto la ilegalidad es legítima y contribuye a preparar el terreno para
un cambio institucional que primero y ante todo ha de construirse en el
plano ideológico.
